Si un funcionario del gobierno sabe que una petición de pago es falsa y aún así la aprueba, puede ir a la cárcel. Esto es para evitar que la gente engañe al gobierno y use dinero que no le pertenece.
Es como cuando en un juego de mesa alguien intenta hacer trampa para ganar, pero si el árbitro se da cuenta, puede descalificarlo. Aquí, el gobierno actúa como el árbitro contra el fraude.
Imagina que Juan, un empleado estatal, recibe una solicitud de pago de una empresa que él sabe que está inflando los costos. A pesar de saber que la cifra es falsa, decide aprobar el pago. Si lo descubren, Juan podría enfrentarse a una pena de cárcel o una multa.
Hasta cinco años de prisión o una multa de hasta $10,000, o ambas.
A public officer or employee who audits, allows, or pays any claim or demand made upon the state or subdivision thereof or other governmental instrumentality within the state which the public officer or employee knows is false or fraudulent in whole or in part, may be sentenced to imprisonment for not more than five years or to payment of a fine of not more than $10,000, or both. 1963 c 753 art 1 s 609.455;1984 c 628 art 3 s 11; 1986 c 444 Official Publication of the State of MinnesotaRevisor of Statutes
Si el empleado realmente no tiene idea de que la reclamación es falsa, no enfrentaría las mismas consecuencias que alguien que actúa con conocimiento de causa.
Las reclamaciones se consideran fraudulentas si se demuestra que contienen información falsa o engañosa que se usa para obtener dinero del gobierno.
La ley se aplica a cualquier reclamación o demanda hecha al estado o a sus divisiones, incluyendo pagos por servicios, contratos o beneficios.
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