Esta ley dice que el gobierno no puede dejar que empresas privadas manejen cárceles. La razón es que el encarcelamiento es una tarea del gobierno, y no debería ser un negocio. Esto ayuda a asegurar que las cárceles sean responsables y seguras.
Es como cuando decides que tu familia no debería contratar a un extraño para cuidar a tus hijos, porque tú quieres asegurarte de que estén seguros y bien atendidos. Cuidar a personas en cárceles es algo que debe hacer el gobierno, no una empresa que busca ganar dinero.
Imagina que la ciudad de Springfield quiere construir una nueva cárcel. Según esta ley, no puede contratar a una empresa privada para que la construya o la administre. En su lugar, el gobierno debe encargarse de todo, asegurándose de que el manejo de los prisioneros sea seguro y responsable.
(730 ILCS 140/1) (from Ch. 38, par. 1581) Sec. 1. Short title. This Act shall be known and may be cited as the Private Correctional Facility Moratorium Act. (Source: P.A. 86-1412.) (730 ILCS 140/2) (from Ch. 38, par. 1582) Sec. 2. Legislative findings. The General Assembly hereby finds and declares that the management and operation of a correctional facility or institution involves functions that are inherently governmental. The imposition of punishment on errant citizens through incarceration requires the State, any unit of local government or a county sheriff, to exercise its coercive police powers over individuals and is thus distinguishable from privatization in other areas of government. It is further found that issues of liability, accountability and cost warrant a prohibition of the ownership, operation or management of correctional facilities by for-profit private contractors. (Source: P.A. 97-380, eff. 1-1-12.) (730 ILCS 140/3) (from Ch. 38, par. 1583) Sec. 3. Certain contracts prohibited. After the effective date of this Act, the State, any unit of local government, or a county sheriff, shall not contract with a private contractor or private vendor for the provision of services relating to the operation of a correctional facility or the incarceration of persons in the custody of the Department of Corrections, the Department of Juvenile Justice, or a sheriff; however, this Act does not apply to (1) State work release centers or juvenile residential facilities that
Se prohíbe porque el encarcelamiento es una función del gobierno que requiere responsabilidad y rendición de cuentas. Las empresas con fines de lucro podrían priorizar las ganancias sobre la seguridad y el bienestar de los prisioneros.
La ley no se aplica a los centros de trabajo para liberación estatal ni a los centros residenciales juveniles, que pueden seguir operando con contratos privados.
Si una ciudad intenta contratar a una empresa privada para manejar una cárcel, estaría violando esta ley y podría enfrentar consecuencias legales.
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