Cuando alguien comete un delito, no solo la persona afectada se preocupa por el castigo. Es el Estado quien se encarga de llevar a cabo el juicio y asegurarse de que se mantenga el orden en la sociedad.
Es como cuando un maestro se encarga de resolver una pelea entre estudiantes. Aunque uno de los estudiantes se sienta mal por lo que pasó, es el maestro quien debe tomar decisiones para que todos aprendan a comportarse.
Imagina que en una escuela, dos estudiantes, Juan y Pedro, pelean en el patio. Aunque la madre de Juan quiere que se dejen de lado las consecuencias, la escuela decide seguir adelante con el juicio porque es importante para mantener la seguridad de todos los estudiantes.
JUDICIAL DECISIONS State, not victim, has interest in criminal prosecutions. - Because the purpose of criminal law is to serve the public functions of deterrence, rehabilitation, and retribution, it is the state, not the victim, that has an interest in criminal prosecutions. Ambles v. State, 259 Ga. 406 , 383 S.E.2d 555 (1989). Trial court abused the court's discretion by dismissing charges alleging that the defendant violated state statutes prohibiting affrays, disrupting a public school, and criminal trespass by fighting on school grounds, over the state's objection, after defense counsel told the court that school officials wanted the charges dismissed. State v. Perry, 261 Ga. App. 886 , 583 S.E.2d 909 (2003). Action by informer generally impermissible. - Qui tam action, in accordance with this section, cannot be brought and prosecuted in the name of the informer unless a right thus to sue shall have been given distinctly by statute. O'Kelly v. Athens Mfg. Co., 36 Ga. 51 (1867). No inherent right of informant to forfeiture in criminal case. - Informer who commences a qui tam action under a penal statute does not acquire thereby a vested right to the forfeiture. Bank of St. Mary's v. State, 12 Ga. 475 (1853); Robison v. Beall, 26 Ga. 1 (1858); Hargroves v. Chambers, 30 Ga. 580 (1860). Cited in Malone v. Clark, 109 Ga. App. 134 , 135 S.E.2d 517 (1964). <h4
El Estado tiene la responsabilidad de proteger a la sociedad en general, asegurándose de que los delitos se castiguen para evitar que ocurran en el futuro.
Incluso si la víctima no quiere seguir adelante, el Estado puede decidir continuar con el caso si considera que es necesario para la justicia y la seguridad pública.
No, porque el Estado es quien tiene la autoridad para llevar a cabo los juicios penales, no las personas individuales.
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